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Salud

Pide a la Justicia para que frene el aborto de su ex pareja

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Imagen ilustrativa

“Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, afirmó el hombre. El caso podría sentar un precedente. 

Una mujer solicitó a su obra social que le practiquen un aborto en una clínica privada en San Juan, amparada por la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, su ex pareja no está de acuerdo con la decisión y pidió a la Justicia que interviniera para que el bebé nazca.

“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, dijo el hombre a Radio AM 1020 de San Juan.

El sujeto, cuya identidad no trascendió, detalló, además, que el embarazo lleva 12 semanas. 

Sobre esto, la norma sancionada por el Congreso Nacional en 2020 indica que una persona gestante puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14. 

“Sólo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil, los días pasan y se nos acaba el tiempo”, expresó.

Respecto a su ex pareja, aseguró que perdieron el diálogo producto de su diferencia de pensamiento.

“Espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo”, auguró.

Las posibilidades del caso: podría sentar precedentes

Los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta, a cargo de la defensa del padre, presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

“Una vez muerto el niño, sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto a los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”, dijo Lobos.

En este sentido, el abogado agregó que “en los fundamentos de la ley fue común escuchar que el derecho a la vida no es un derecho absoluto”.

Y pidió que las obras sociales y cualquier otra entidad pública o privada “se abstengan de realizar la práctica abortiva porque esta aniquilación de derechos no es subsanable”.

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