Detalles sobre el acuerdo alcanzado con los acreedores extranjeros.
El ministro de Economía encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado con los acreedores extranjeros. Aseguró que el acuerdo “implicó un esfuerzo importante de todas las partes”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional es “inclusivo y sostenible”, al tiempo que consideró que el nuevo entendimiento que el Gobierno negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser “bien distinto” al firmado en 2018.
En conferencia de prensa, y tras recordar que la Argentina se encontraba en una “situación de endeudamiento externo insostenible”, con una “carga a la que el país no podía hacer frente”, Guzmán afirmó que el acuerdo alcanzado con un grupo mayoritario de acreedores privados es “un paso muy importante en el proceso para tranquilizar a la macroeconomía argentina y comenzar a resolver la crisis transitada” desde 2018.
Nuestra expectativa es que se activen las clausulas de acción colectiva y que Argentina pueda resolver sus problemas de deuda de forma integral; obviamente seguiremos trabajando hasta el 24 de agosto, fecha en que cierra esta oferta, para lograr ese objetivo”
Según el titular del Palacio de Hacienda, el acuerdo de la deuda con los acreedores externos permitirá “quitarle al sector público la situación de asfixia” y “generar condiciones de certidumbre y previsibilidad”.
El acuerdo con los acreedores externos implica para la Argentina una carga menor de deuda por US$ 42.500 millones durante los primeros cinco años, afirmó Guzmán, quien precisó que la negociación permitió reducir los intereses de un monto estimado en siete dólares promedio a tres dólares por cada US$ 100 en poder de los bonistas, junto con una reducción del capital del 1,9%.
Para el funcionario, el acuerdo de reestructuración de deuda que se alcanzó con los grupos mayoritarios de bonistas “implicó un esfuerzo importante de todas las partes”, ya que “no existe un acuerdo perfecto”, pero aclaró que “era necesario para darle una plataforma de despegue a la economía”.
Por otra parte, indicó que las expectativas del Gobierno es que habrá “una participación muy alta” de bonistas en el canje de deuda.
“Nuestra expectativa es que se activen las clausulas de acción colectiva y que Argentina pueda resolver sus problemas de deuda de forma integral; obviamente seguiremos trabajando hasta el 24 de agosto, fecha en que cierra esta oferta, para lograr ese objetivo”, señaló.
En otro orden, Guzmán, aseguró que el programa stand by que el FMI firmó con el gobierno argentino en 2018 “ha sido cancelado” y que “el siguiente paso es avanzar en un programa distinto que refleje aquello que la Argentina necesita”.
Según Guzmán, la Argentina tiene prevista para los próximos dos años una carga de deuda con el Fondo Monetario Internacional que “no puede hacer frente”, por lo que ratificó que “es necesario tener un programa” con el organismo para resolver los compromisos por US$ 45.000 millones
“El programa con el FMI es necesario porque Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los términos establecidos”, aseveró Guzmán, al tiempo que enfatizó también que ese entendimiento “será bien distinto” y con “premisas más sensatas sobre el funcionamiento de una economía” respecto al firmado en 2018.
Asimismo, remarcó que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández “enfrentaba una carga de deuda muy importante, mientras que el próximo gobierno enfrentará una situación muy diferente”.
“No estamos trabajando para nosotros, sino para la Argentina, cuidando no sólo el presente sino el futuro del país”, concluyó Guzmán.
Los principales ejes del acuerdo con los acreedores
Un listado de los puntos más importantes del acuerdo, que se informaron oficialmente a través de un comunicado conjunto de la República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores.
El acuerdo del Gobierno con los principales grupos de acreedores de la deuda pública permitió reestructurar más de US$ 66.000 millones en bonos bajo legislación extranjera, y la emisión de nuevos títulos permitirá un ahorro cercano a los US$ 30.000 millones entre capital e intereses.
Los principales ejes del acuerdo se informaron oficialmente en la madrugada del martes a través de un comunicado conjunto de la República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores.
Los puntos centrales
• La Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos, sin aumentar el monto total de los pagos de capital e interés.
• Las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre del año próximo.
• Los nuevos títulos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
• Los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
• Los nuevos títulos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
• Si bien no se informó oficialmente, fuentes del mercado aseguraron que la propuesta argentina que permitió el acuerdo estipula un valor presente neto de 54,8 dólares por cada lámina de 100 dólares.
• Más allá del acuerdo, el Gobierno solicitó una nueva extensión de plazos hasta el 24 de agosto para resolver, en ese lapso, la normativa jurídica vinculada con las Cláusulas de Acción Colectiva y sumar la adhesión de la mayor cantidad de acreedores.
• La fecha de anuncio de resultados será el 28 de agosto o lo antes posible de allí en adelante, y las fechas de ejecución, de entrada en vigor y de liquidación continuarán siendo el 4 de septiembre o lo antes posible de allí en adelante.
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